La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no propone cobrar impuestos por pagos digitales, pues sus objetivos son promover los pagos digitales y electrónicos, acelerar la inclusión financiera, habilitar la identidad y la contratación remota de servicios financieros, además de fomentar la formalización y el crédito para micro, pequeñas y medianas empresas, según el documento de la propuesta.

¿Qué impuestos sí se cobran con o sin pagos digitales? La adquisición y venta de bienes y servicios en México sigue teniendo gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) – 16 % a nivel nacional y 8 % en zonas fronterizas – y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que varía según el producto (gasolinas, refrescos, jugos, cigarros, alimentos altos en calorías, etc.).

De aprobarse la Ley y entrar en vigor, quien realice los cobros no deberá aplicar cargos por supuestos impuestos por recibir pagos con tarjetas de débito y crédito virtuales o físicas, órdenes de transferencia de fondos y domiciliación, pagos mediante aplicaciones móviles (Apple Pay, Google Pay), códigos QR, dispositivos NFC o plataformas digitales.

Aunque la propuesta no contiene cambios en materia fiscal, los pagos digitales dejan huellas en el sistema financiero que pueden ser rastreados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad encargada de recaudar impuestos y asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ese rastro podría servir para fiscalizar, pero no implica nuevas facultades tributarias para el SAT.

En una auditoría actual, el SAT solicita y cruza registros contables, declaraciones y estados de cuenta bancarios. Con la nueva Ley, sería posible abrir cuentas sin estar en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), usando únicamente la CURP biométrica y el Expediente Digital Ciudadano, incluso sin acudir a sucursales bancarias. Sin embargo, sin nuevas facultades al SAT, la autoridad podría armar una auditoría con la identificación de la persona y los movimientos de sus cuentas, exigiendo al contribuyente explicar el origen, momento y motivo de los ingresos y presentar documentación que los respalde.

Los expertos coinciden en que, aunque exista preocupación de mayor vigilancia, un SAT respetuoso de los derechos de los contribuyentes no debería generar temor a pagar impuestos ni a digitalizarse si los beneficios son claros. Asimismo, se señala que comercios con terminal punto de venta venden aproximadamente un 20 % más que aquellos que no la tienen, lo que podría incentivar la adopción pese a la posibilidad de fiscalización.